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El juez admite la querella de 1.400 afectados por la estafa «millonaria» del criptocannabis

La Audiencia entiende que los hechos podrían constituir de un presunto delito de «estafa continuada, apropiación indebida y organización criminal». El juez admite la querella contra Juicyfields. Así lo publica EL ESPAÑOL.

El juez admite la querella colectiva por la estafa piramidal y «millonaria» en el llamado caso del ‘criptocannabis’. En total hay unos 1.400 afectados personados en la causa del presunto fraude que habría sido perpetrado por la plataforma Juicy Fields. 

En un auto emitido este miércoles, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOLel juez Joaquín Gadea concluye que el caso es de su competencia, y por ello acuerda la práctica de las pertinentes diligencias de investigación.

La Audiencia Nacional acaba de comunicar la admisión a trámite de la querella colectiva por la estafa piramidal y «millonaria» en el llamado caso del ‘criptocannabis’. En total hay unos 1.400 afectados personados en la causa del presunto fraude que habría sido perpetrado por la plataforma Juicy Fields. 

En un auto emitido este miércoles, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el juez Joaquín Gadea concluye que el caso es de su competencia, y por ello acuerda la práctica de las pertinentes diligencias de investigación.

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional entiende que los hechos descritos en la querella inicial que dio lugar a las actuaciones podrían ser constitutivas de un supuesto delito de «estafa continuada, apropiación indebida y organización criminal». Es lo que afirma el magistrado de forma provisional, a expensas de las investigaciones que llevará a cabo la Policía Nacional. 

La querella admitida es la presentada por Emilia Zaballos en representación de la Asociación de Afectados por Inversiones en Cultivos CBD. Todas las demás denuncias individuales y de otros colectivos de afectados personados se agruparán bajo la acción de la querella interpuesta por la letrada Zaballos. 

Esta compañía, con sede en Suiza, había urdido una supuesta trama defraudatoria con un claro modus operandi. Permitía a sus clientes invertir hasta 180.000 euros mediante transferencia bancaria o en formato de criptomonedas. La inversión se destinaba, supuestamente, a cultivar plantas de marihuana en diversas partes del mundo, en empresas en teoría autorizadas legalmente para ello.

Al cabo de 108 días supuestamente se cosechaba la planta, se vendía y se devolvía el dinero invertido con unos intereses que oscilaban entre el 33 y el 66%. Esa elevada rentabilidad se traducía en presuntos beneficios millonarios para los inversores en el cannabis. En teoría, los cientos de inversores podrían entonces, tal y como explica la querella, retirar el capital obtenido, bien a través de dinero FIAT o en forma de bitcoins.

Juicyfields

Decenas de miles

Los afectados veían cómo fluía su dinero, hasta que todo se frenó. Les llegó un correo electrónico con el cual Juicy Fields paralizaba el acuerdo, alegando una huelga de los trabajadores de la firma. A partir de ahí el sistema dejó de funcionar y las cuentas en las que miles de personas habían introducido parte de sus ahorros en busca de rentabilidad desaparecieron. Al igual que su dinero.  

La querella colectiva agrupa ya a miles de afectados, pero la letrada Zaballos estima que la cifra real podría ascender a decenas de miles de personas

El caso, según la Audiencia Nacional, colma las exigencias de excepcionalidad que justifican su competencia. Por ello acuerda oficiar a la unidad policial comisionada para la investigación de estos hechos, pidiendo que identifiquen a los presuntos responsables de los delitos denunciados.

Debido a la magnitud y la «complejidad» de la macrocausa, pide a los agentes que aporten los elementos necesarios que permitan valorar la mecánica con la que Juicy Fields cometía el delito. Sobre todo, les pide que averigüen la trazabilidad del dinero invertido, el destino del mismo y los titulares de las cuentas a las que iba a parar el dinero presuntamente defraudado.

Gadea pide también que se oficie a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que informe sobre el conocimiento que pudiera tener de la actividad de la empresa en cuestión, y si se abrió algún excedente contra ella.

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